Colapso económico, crisis eléctrica: apagones, corrupción y sabotaje

*Manuel Sutherland

En los últimos días Venezuela ha sufrido al menos 7 mega apagones que dejaron a oscuras a más del 80 % del territorio nacional, algo completamente inédito. En estas fechas millones de hogares no han recibido una gota de agua y el país se ha paralizado casi por completo. El metro, ese estupendo tren subterráneo capitalino, ha dejado de funcionar en varias jornadas. Los servicios estudiantiles se han detenido, no hay dinero en efectivo desde hace meses y las plataformas de pago electrónica funcionan con gran dificultad, hay una especie de dolarización informal que ha ido desplazando al reciente Bolívar Soberano de circulación. La telefonía viene fallando con mayor ahínco y el uso de internet es azaroso y eventual. Miles de comunidades no reciben gas por bombonas y la policía brilla por su ausencia en calles que no tienen ninguna señalización luminiscente para cuando la electricidad falla.

El estado se ha ausentado por completo en el agravamiento de esta “coyuntura” de marzo y sus funcionarios menores sólo atienden a lo más alto de una burocracia civil y militar. No hay programas de contingencias, ayudas o ejercicios militares (o civiles) que organicen a la población cuando los apagones ocurren, el gobierno simplemente aparece en una transmisión televisiva aludiendo a un sabotaje protagonizado por la yunta Trump & Guaidó. El panorama asemeja una especie de distopía pesadillesca. Un largo cuento de horror que ocurre en slow motion y que sufren alrededor de 26 millones de personas, considerando que cerca de cinco millones (según diversas estimaciones) ya han emigrado de lo que bien podría ser un infierno de Dante inmerso en la distópica Mad Max.

La absoluta imposibilidad de acumulación de capital y su ruina indetenible

El final del ciclo de expansión rentístico se evidencia en el período 2014-2018, un quinquenio que se caracterizó por cinco caídas sucesivas en el PIB, algo nunca antes visto en nuestra economía. Para los años 2017 y 2018, se vio el agravamiento de la crisis con el penoso protagonismo de una hiperinflación que ha roto records en América. El colapso de los servicios públicos ha hecho que se haya laborado en sólo 8 días del mes de marzo en el 2019. La caída estimada del PIB en el primer trimestre de 2019 puede rozar el 45 %, siendo moderados. Todo ello podría generar un derrumbe anual de alrededor de 25 %, lo que podría alcanzar la pavorosa cifra de 62,5 % de desplome de la producción para el período de 2013-2019. Una destrucción impresionante, más propia de una invasión genocida que de un país petrolero que recién salía de un extenso boom rentístico.

De forma extremadamente sintética diríase que la situación actual se presenta:

1. Por quinto año consecutivo el país exhibirá la inflación más alta del mundo estimada según la Asamblea Nacional (AN) en 1.698.488,2 % para el año 2018 (El Universal, 2019). De este modo, el país detenta el décimo sexto mes consecutivo con hiperinflación (noviembre de 2017 a febrero de 2019) y ve con estupor cómo los precios suben a diario sin prestarle ninguna atención a las listas estatales de “precios regulados”. Aunque considero que la estimación de la AN es exagerada, en el mejor de los casos la inflación del 2018 estuvo alrededor del 90 mil por ciento, considerando una depreciación de similar magnitud en el tipo de cambio.
2. Según la Comisión de Finanzas de la AN, la economía se contraído en un impresionante 50,61 % en el breve período que va desde el 2013 al 2018, una destrucción económica nunca antes vista en América (El Nacional, 2018).

• El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se incrementó en más de 88.000 % en el 2018, lo cual ha desintegrado por completo el poder adquisitivo.

1. El salario real para el período 2013-2018 descendió en 95 %.

Esta dramática situación económica ha zaherido gravemente a los gratuitos servicios públicos. La crisis ha hecho insostenible la transferencia de la exigua renta petrolera por la vía de gigantescos subsidios, lo que ha redundado en su violenta contracción. Veamos.

20 años de subsidios grotescos a la energía: desinversión y falta de mantenimiento

En el país apenas un 1 % de la generación de energía primaria proviene de biocombustibles y residuos, y sólo un 11 % emerge de la energía hidroeléctrica, el 54 % de deviene del petróleo y el 34 % del gas natural (2015), lo cual es bastante descorazonador ya que Venezuela tiene un enorme potencial hidroeléctrico subutilizado (Sanchez). Entre el año 2000 y 2015 el uso de petróleo se ha incrementado en 20 % y la utilización de gas ha descendido en un correlativo. El cambio hacia energías menos contaminantes se ha frenado por el forzado sostenimiento de dantescos subsidios a la energía.

Aunque lamentablemente no se tiene a la mano ni siquiera el presupuesto de la nación, que no ha sido publicado desde 2016, se podría decir que la energía se regala a través de tarifas que reflejan precios irrisorios. Diríase, como ejemplo, que con un dólar de EEUU se pueden llenar unos 200 mil tanques de gasolina de 40 litros cada uno. Con la electricidad sucede algo similar. De acuerdo con un estudio realizado en 2014, el país pierde (como costo de oportunidad) 51 mil millones de dólares de EEUU al año para mantener el subsidio en: gasolina, diesel, energía eléctrica y gas (Vera Mondazzi, 2014).

El bajo precio de la gasolina le costó al país 17 mil millones de dólares anuales (Vera Mondazzi, 2014), lo que representó el 98,4% del costo real del combustible, ahora esta cifra ha empeorado porque la gasolina es aún más barata. Por el obsequio del diesel se dejan de percibir 13 mil millones de dólares anuales. En total, anualmente, el país gastó (año 2014) aproximadamente 34 mil millones de dólares en la subvención de los combustibles. Ni hablar que la gran compañía estatal CADAFE pierde un 40% de su electricidad (energía no facturada) por sostenidos robos de la misma en conexiones ilegales (Poleo, 2018).

Se estima que los subsidios totales entregados por concepto energético entre 2014 y 2016, alcanzaron los 75 mil millones de dólares (Key, 2018), alrededor de 10 veces la deuda externa completa de Bolivia en 2016 (CEIC Global Data). Vistos de forma acumulada, equivaldrían a cerca del 20 % del PIB promedio de esa triada de años. Esto es evidentemente insostenible y una invitación al derroche. El gasto estatal en educación, salud y vivienda (sumados) apenas alcanzó en 2013 el 9,6 % del PIB, muy por debajo del subsidio general otorgado (Balza, 2016).

Las restricciones de flujo de efectivo (por la magnitud del subsidio) de PDVSA lo llevaron a recurrir al financiamiento directo del Banco Central para cubrir sus gastos de mantenimiento y aumentar su deuda financiera de menos de 3 mil millones de dólares en 2006 a casi USD 41 mil millones dólares en 2016 (Hernández, 2017). El financiamiento del BCV ha llevado a un aumento exponencial en la oferta monetaria y ha sido una de las causas directas de la rápida aceleración de los precios (la hiperinflación actual). Tristemente la extracción petrolera disminuyó (2012-2019) en alrededor de 66 %, ya que se extraían cerca de 3 millones de barriles diarios y ahora sólo se extrae un millón, según las fuentes secundarias de la OPEP (OPEC, 2019). En sólo 14 meses la extracción petrolera disminuyó en 43 % (diciembre de 2017 a febrero de 2019).

Algunas razones estructurales del colapso eléctrico

Para la mayoría de grandes ciudades (exceptuando las ubicadas en el estado Zulia) los apagones eran excepcionales hasta finales del 2018. Sin embargo, muchas ciudades y pueblos lejos de la capital han venido sufriendo un fuerte racionamiento eléctrico que les ha dejado días sin ese esencial servicio. Dicha “administración de carga”, como ahora la llama el gobierno al racionamiento, tiene al menos 10 años manifestándose a sotto vocce. Durante los años 2001 y 2005 ya habían ocurrido 316 interrupciones mayores de 100 MW en el Sistema Interconectado Nacional (SEN) (Poleo, 2018).

Aunque la vigente Ley Eléctrica que data del 14 de diciembre de 2010 dice que el acceso a la electricidad es un “Derecho Humano”, éste se ha venido vulnerando en repetidas ocasiones, causando graves daños al país. En septiembre 2015 murieron 7 prematuritos en el Hospital Luis Razetti de Barcelona por causa de una larga falla eléctrica (Poleo, 2018). Un caso análogo ocurrió en el Pediátrico Menca De Leoni, el 14/2/2018, en Guayana, donde la falla eléctrica duró un lapso de 4 horas, y la planta eléctrica del Pediátrico no funcionó, por lo tanto: “fallaron las presiones del aire comprimido y del oxígeno, y el saldo fue de 6 recién nacidos muertos” (Poleo, 2018).

Un hito en el penoso proceso de desindustrialización nacional, fue el apagar de las industrias básicas de Guayana (quitarles 2.500 MW) (Prat, 2019). Ese suceso del año 2009 se realizó a consciencia de la destrucción de enormes celdas de reducción indispensables para la siderúrgica, ocasionando una severa destrucción industrial y causando mil millonarias pérdidas. Se dio la destructiva orden de clausurar y desmantelar las Líneas I y II de ALCASA con sus casi 200 celdas de reducción electrolíticas; y apagar 400 celdas de reducción en la moderna VENALUM (Prat, 2019). Lejos de un rescate de la capacidad de generación eléctrica en 2009, se optó por un drástico racionamiento.

Podría pensarse que no hubo dinero para invertir en el sistema eléctrico. Sin embargo, fue todo lo contrario. Según el especialista Víctor Poleo hubo un despilfarro que él estima en 40 mil millones de dólares en inversiones que sólo sirvieron para enriquecimiento de una burguesía corrupta asociada a la alta burocracia (Carrillo, 2019). Para muchos, la debacle del sistema deviene de la desnacionalización de la Electricidad de Caracas (EDC), por una venta írrita realizada por el gobierno de Chávez en el año 2000, a la empresa estadounidense AES (Carrillo, 2019). AES no invirtió un penique en esos siete años alegando que lo hacían para mantener bajas las tarifas, lo que sin duda traería un severo deterioro posterior. La EDC estuvo en manos de AES hasta el 2007 cuando es recomprada por PDVSA. La operación fue de 1.200 millones de dólares, pero lo que AES le vendió, no fue lo que compró en el año 2000, pues ya había vendido muchas partes a empresas de España y Colombia. Obviamente hubo un ingente sobreprecio que dejó jugosas comisiones. Dennis Vásquez, presidente de AES, dijo que nunca habían hecho tan buen negocio como ese (Carrillo, 2019). Infaustamente las “nacionalizaciones” del gobierno bolivariano fueron pingues negocios con monumentales coimas que enriquecieron a una élite, y que bajo ningún modo fueron parte de una revolución socialista o de algo remotamente similar (Sutherland, 2018).

Sería muy largo recopilar extractos de los casos de corrupción en el sector. Sin embargo, uno de ellos es arquetípico porque junta a importantes figuras de ambos bandos políticos en disputa. Siendo muy concretos diríamos que es menester recordar que en agosto de 2013 el consultor experto en el sector energético José. G. Aguilar publicó un estudio sobre 40 contratos otorgados en el sector. En apenas 14 meses, entre 2009 y 2010, 12 de los 14 contratos solicitados por la empresa Derwick Associates (DA) le fueron adjudicados, a dedo, sin concurso por PDVSA, CORPOELEC y CVG (Soberanía Venezuela, 2018). En el análisis de Aguilar se recogen 11 de los 12 contratos que fueron concedidos inicialmente por 2.873 millones de dólares, pero que finalmente Derwick facturó por 5.044 millones, según sus estimaciones. El sobreprecio fue, por tanto, de más de 2.000 millones de dólares. Derwick recibió 12 contratos para mega obras eléctricas sin tener experiencia comprobadas en el área (Soberanía Venezuela, 2018). El derroche de más de 60 mil millones de dólares -según la estimación de los ingenieros de Soberanía Venezuela-, es la razón primordial de estos apagones, un grupo pequeño hurtó un peculio que era para garantizar la continuidad del servicio eléctrico (Soberanía Venezuela, 2019).

Hace diez años diversos analistas alertaron sobre el colapso eléctrico venidero sin que el gobierno haya hecho ninguna faena para remediarlo (Soberanía Venezuela, 2019).  El Ingeniero electricista Alejandro López comenta:

“El caso del sector eléctrico y la desplanificación de la burocracia hace patente que (…) en el sector eléctrico hay montones de proyectos paralizados, montones de propuestas olvidadas e investigaciones despreciadas. La burocracia no va a dar salida a esta crisis en el sector eléctrico con soluciones válidas a largo plazo, porque las soluciones válidas a largo plazo ya no fueron hechas y ahora tardaran mucho en llegar (…) Los burócratas andan desesperados comprando plantas eléctricas de diesel por todo el mundo, plantas de generación eléctrica usadas. Todas estas soluciones solo sirven a corto plazo y harán del sistema eléctrico uno de mucho peor calidad de la que se tenía hace unos 15 años.” (López A. , 2009)

La clase obrera en el área también alertó sobre los gravísimos problemas que no tenían ninguna respuesta gubernamental. Los obreros de CORPOELEC, la central que agrupa a todas las empresas de electricidad que había en Venezuela, tienen desde el año 2012 sin firmar su contrato colectivo. Obreros técnicos que en 2011 ganaban más de 10 salarios mínimos y podían llenar dos carritos de compras en el mercado, ahora sólo devengan cerca de dos salarios mínimos, a la sazón, ganan 12 dólares mensuales (medidos a tasa de cambio oficial). Con un salario tan bajo los obreros técnicos más calificados han decidido emigrar a países como: Chile, Perú o Colombia. Se estima que de 50 mil empleados ahora quedan 30 mil; y lamentablemente subsisten los menos preparados o los más cercanos a su jubilación. En el principal Centro de Atención Eléctrica trabajan menos de un tercio del personal que lo hacía hace 6 años, y con menos herramientas, uniformes y equipos.

Los sindicatos han sufrido de “paralelismo gremial” y han visto como agrupaciones sindicales pro gobierno son las únicas que tienen la potestad de facto de discutir reivindicaciones con la patronal. Los obreros se sienten desguarnecidos ya que las otras instancias formales donde podrían protestar su situación, son del gobierno y están completamente alineadas a la directriz general de la patronal estatal. Manifestar descontento o una vocación política adversa al gobierno puede granjearles persecución, los típicos insultos de: “apátrida-traidor”, o peor aún, puede ser motivo de sospecha de una actividad de sabotaje, como el emblemático caso de Elio Palacios (Losada, 2018), sindicalista (chavista) que denunció la falta de mantenimiento e inversiones en el sector y vislumbró la posibilidad de colapso eléctrico. A él le tocó ser capturado y llevado al presidio por: (según la policía política: SEBIN) la difusión de “información falsa“, “destinada a causar pánico y zozobra en la ciudadanía.” (Losada, 2018).

Sabotajes con rayos electromagnéticos, francotiradores o un simple incendio

Para Víctor Poleo lo que ocurrió el siete de marzo fue que hubo una serie de incendios en el tramo de Guri a Malena, subestación que está a 120 kilómetros de la represa, en la desembocadura del río Caura en el Orinoco (Carrillo, 2019). El tiene imágenes tomadas por satélite, en la que se puede apreciar ámbitos con 700 o más grados centígrados, es decir, varios incendios en ese tramo y también en el Malena-San Gerónimo (Guárico) (Carrillo, 2019). Los incendios quebrantan mecánica y eléctricamente los conductores y los sistemas de protección disparan la salida. Ese día, a las 4:30 pm, desconectaron el Caroní; pero ese volumen de carga se devolvió violentamente contra la casa de máquinas y sacaron de servicio a las turbinas de el Guri, Caruachi y Macagua; el sistema entra en situación de inestabilidad y como no hay termoeléctricas, se produce una demanda en vacío y el país se apaga (Carrillo, 2019).

Nicolás Maduro comentó, en cadena nacional, que el SEN había sufrido un cyberataque. Cosa que los expertos en el área consideraron inverosímil, debido a que los sistemas de control del SEN no están conectados a ninguna red externa con posibilidad de conexión atacable desde la web. En la misma cadena Maduro aseveró que habían sido ataques con rayos de pulso electromagnético que a través de dispositivos como naves, o algo así, habían disparado contra estaciones de transmisión eléctrica, por órdenes de Trump & Guaidó. Sin embargo, la posibilidad de un rayo electromagnético destructor es completamente descartable, por no decir ridícula, debido a que la energía necesaria para que este rayo pueda destruir partes de SEN, requiere de una liberación de energía equivalente a la que una bomba nuclear desarrolla en su explosión.

Diosdado Cabello (el primer vicepresidente del PSUV) dice que hubo disparos de un francotirador (contra los generadores en el Guri) pero hay que recordar que esos transformadores están detrás de una fortaleza metálica con placas de dos centímetros de acero especiales, así que eso no puede ocurrir a menos que se haya burlado la seguridad militarizada del área de manera flagrante, y se haya disparado desde muy cerca, cosa de la cual no hay evidencia. (Carrillo, 2019).

Corolario…

En la medida en que la crisis empeore, los subsidios serán cada vez más difíciles de sostener. Por ende, los servicios públicos deberían empeorar ya que parece difícil que puedan incrementar las tarifas de manera importante (por asuntos políticos) y porque la población se ha empobrecido mucho como para poder pagarlos a un precio carente de una fortísima subvención. Los extensos racionamientos anunciados de varias horas al día sin servicio eléctrico en las regiones son una pequeña muestra de lo que se viene.

El devenir de la acumulación de capital señala que la senda del achicamiento de la economía, de la destrucción de fuerzas productivas y de la base económica es indetenible. El gobierno de Maduro actualmente no parece contar con ninguna herramienta necesaria (préstamos internacionales de envergadura) como para frenar este destino. Esto nos lleva a pensar que el capital social que sostenía a 30 millones hace 6 años, no puede ni de lejos mantener a los 26 millones que en estas tierras perviven. Por ende, es normal pensar que la explosión de la economía ha hecho multiplicar a la cantidad de Población Obrera Sobrante Consolidada (POSC), que en retroceso de su subjetividad productiva, ve como un imposible su propia reproducción biológica como clase. En palabras llanas diríase que la economía no puede soportar a más de 12 millones de personas, con suma dificultad, ya que la productividad y producción global que alcanzan en su trabajo social, es insuficiente para producir los bienes y servicios más elementales para su sostenimiento. Por todo ello, es previsible un incremento notable de un éxodo que ya es masivo, o la aceleración de la destrucción de las condiciones de vida mínima que requiere un ser humano para garantizar su existencia. Tan gris panorama no parece llamar la atención de nadie.

Trabajos citados

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Balza, L. (Enero de 2016). https://publications.iadb.org/. (B. I. Desarrollo, Ed.) Obtenido de https://publications.iadb.org/handle/11319/7361?locale-attribute=es&

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